Somos los jueces los que le damos un sentido real a la reforma de seguridad y justicia.
La gran labor de la función jurisdiccional en este momento es lograr consolidar el cambio cultural en la impartición y administración de justicia penal, a partir de la reforma del 2008, porque cualquier reforma constitucional, debe ser interpretada y aplicada en la lógica de la protección de los derechos humanos.
De todos los actores involucrados en el proceso penal, la función más importante recae sobre los jueces, somos quienes decidiremos finalmente en base a nuestro criterio y formación cual es la verdad jurídica para llegar a la resolución de los casos sometidos a nuestra consideración.
Como juzgadores tenemos que enfocarnos en resaltar el valor de la justicia ya que esta, es indispensable para interrumpir círculos de violencia, y para cerrar brechas de desigualdad; por lo tanto, es un mecanismo para la inclusión social.
Este nuevo rol del juez permite cumplir con las disposiciones del artículo 20 constitucional al contar con procedimientos orientados a esclarecer los hechos de un delito, proteger al inocente, evitar la impunidad del culpable y acceder a la reparación de los daños causados por el ilícito.
Los jueces en el nuevo sistema penal acusatorio, más allá de la formación técnica y especializada que debemos tener, requerimos reinterpretar nuestra función a partir no solamente de tener esta capacitación técnica, sino sobre todo forjarnos en el desarrollo de habilidades que nos permitan dirigir con firmeza y disciplina cualquier tipo de audiencia que presidamos, y esto va a requerir que los jueces nos conduzcamos de manera distinta, más cercana al justiciable. En consecuencia, la formación de un juez del nuevo sistema requiere una formación integral no sólo técnica, para ser un buen juez no basta saber derecho, debe ser un presupuesto saber derecho, pero no basta saber derecho, un juez requiere tener muchas otras cualidades y capacidades que no se enseñan en las escuelas de derecho, pero que el juez está obligado a desarrollar, si es que no las tiene, para efectivamente jugar este papel central de árbitro en una audiencia en vivo donde pueden surgir un sinfín de problemas y de sorpresas, y además donde todo queda grabado.
De tal suerte que la función del juzgador no sólo requiere el conocimiento de leyes y tratados, porque hay contextos en los que nuestra única directriz, es nuestra propia conciencia, y ésta, requiere de ser firmes y congruentes con nuestros principios y valores. Así, la función jurisdiccional, ser un servidor público al servicio de la justicia, entraña la adopción de una conducta personal que resulte profesional, honesta, comprometida. Lo anterior, de suerte tal, que la dignidad del encargo esté presente en todos y cada uno de los actos del funcionario, inclusive en aquellos de carácter privado, pues sólo así se dignifica a la persona, se enaltece la función y se adquiere autoridad moral para juzgar[1].
El sistema acusatorio, ha ido generando un cambio en la manera como se entiende el derecho procesal penal y el derecho penal, hoy ambos están impregnados de una visión constitucional que parte de la defensa de los derechos humanos y por los tratados internacionales, y es obvio que ante el nuevo sistema penal acusatorio los jueces desempeñan un papel distinto, partiendo del hecho de que existen diferentes tipos de jueces con diferentes funciones a lo largo del proceso penal, el juez de control, el juez de audiencia de juicio oral, el juez de ejecución.
Estamos viviendo una crisis institucional y de credibilidad muy profunda en todas las instituciones, la confianza en las instituciones de las personas ha disminuido, ha decrecido, la gente ya no cree en la legitimidad de sus jueces, de sus procuradurías, de sus congresos, de la clase política y esto es algo muy grave, porque si los jueces nos divorciamos de la sociedad dejamos a la gente sin la única ventana de esperanza, los jueces debemos ser la última instancia de esperanza para la gente, si los jueces fallamos ya no hay a dónde acudir, por eso nuestra responsabilidad de ganarnos la confianza de generar una legitimidad reforzada en la sociedad es mucho más importante en el poder judicial porque los jueces por naturaleza tenemos que inspirar confianza, impartimos justicia, defendemos los derechos y nuestra función debe ser siempre defender los derechos del más débil, evitar los abusos del poder, sin demagogia y con acciones concretas.
En este sentido, y como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se encuentra el objetivo 16 denominado “paz, justicia e instituciones fuertes”, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y para lo cual se tendrán que fortalecer los sistemas de información nacionales para generar los insumos que permitan su medición.
En aras de mejorar y hacer eficiente el trabajo jurisdiccional, pero sobre todo, para garantizar el derecho a una justicia pronta, eficaz, gratuita e imparcial a todas las personas, es importante resaltar la importancia mediadora del juez, ya que como funcionarios público tenemos el deber de ofrecer certeza y transparencia en el proceso de acceso y procuración de justicia, para lo cual en los Centros de Justicia Penal Federal existe un equipo jurisdiccional y administrativo que mejora el desempeño jurisdiccional.
[1] https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/182jorge-garcia-garcia_0.pdf
