Estamos viviendo una crisis institucional y de credibilidad muy profunda, la confianza en las instituciones de las personas ha disminuido, ha decrecido, la gente ya no cree en la legitimidad de sus jueces, de sus procuradurías, de la clase política y esto es algo muy grave, porque desde mi experiencia como litigante y víctima, pude constatar que la falla por parte de las instituciones de justicia, daña la confianza en las instituciones y se traiciona a la sociedad, las debilidades para castigar a los más poderosos refuerzan la certeza del privilegio, y hacen que los ciudadanos, los jóvenes y en particular las mujeres y minorías nos sintamos abandonadas por las instituciones. Las autoridades pueden seguir cerrando los ojos ante lo evidente, evitando ver con los lentes de la perspectiva de género, y negando que la violencia de toda índole existe, ocurre y es una grave problemática que afecta a nuestro país, en todos los niveles[1]. Mi mayor crimen, al igual que el de miles de mexicanos, fue haber exigido justicia, ante servidores públicos que me impusieron la mordaza más dura y el castigo más implacable. Como sobreviviente de violaciones a derechos humanos, violencia sexual, laboral, de género e institucional, tengo la valentía de haberlo denunciado, en la convicción de que las grandes instituciones donde una víctima inocente agoniza entre los abusos de sus funcionarios y autoridades serían instituciones condenadas.
Por ello, los jueces no pueden alejarse de la sociedad, porque al impartir justicia son la última esperanza de los ciudadanos, si los jueces fallamos ya no hay a quién acudir, por eso nuestra responsabilidad consiste en ganarnos la confianza, en generar una legitimidad reforzada en la sociedad, porque los jueces por naturaleza tenemos que inspirar confianza, impartimos justicia, defendemos los derechos y nuestra función debe ser siempre defender los derechos del más débil, evitar los abusos del poder, sin demagogia y con acciones concretas.
En aras de mejorar y hacer eficiente el trabajo jurisdiccional, pero, sobre todo, para garantizar el derecho a una justicia pronta, eficaz, gratuita e imparcial a todas las personas, es importante resaltar la importancia mediadora del juez, ya que como funcionarios públicos tenemos el deber de ofrecer certeza y transparencia en el proceso de acceso y procuración de justicia, ya que después del derecho a la vida, la libertad es el valor más importante que tenemos los seres humanos.
Este nuevo rol del juez permite cumplir con las disposiciones del artículo 20 constitucional al contar con procedimientos orientados a esclarecer los hechos, proteger al inocente, evitar la impunidad del culpable, evitar privaciones de la libertad arbitrarias, asegurar condiciones dignas para las personas privadas de su libertad, brindar transparencia en la publicidad y oralidad de los juicios y audiencias, lograr la erradicación de la opacidad y corrupción en las instituciones encargadas de la impartición de justicia, brindar atención integral a las víctimas, asegurándoles además de la reparación del daño, su participación directa en los procesos, velar por el principio de presunción de inocencia en todo el proceso, promover el uso de mecanismos alternativos en la solución de controversias, uso restringido de la prisión preventiva, asegurar la igualdad de condiciones entre las partes para argumentar y presentar pruebas, y resolver presencialmente en todas las audiencias.
A pesar de dichos avances, la legisladora afirmó que aún persisten retos importantes para que el
Estado mexicano garantice el pleno acceso a la justicia, como lo son la necesidad de mejorar la capacitación de los agentes y personal de los ministerios públicos, así como de los cuerpos policiacos. Lo anterior resulta indispensable para revertir las detenciones arbitrarias de personas, quienes sufren de agresiones físicas durante su arresto, de manera que sus derechos humanos resultan violentados. En este contexto, la senadora expresó especial preocupación por las graves violaciones a los derechos de las mujeres por parte diversas instituciones de justicia que las revictimizan.
Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 entró en vigor el NSJP, el cual señala que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”, cuya operación integra nuevas figuras jurídicas y actores institucionales que tienen como objeto hacer más eficiente el proceso de justicia penal. Con los nuevos procedimientos se espera una investigación del hecho delictivo más ágil y efectiva; así como brindar atención integral a las víctimas, asegurándoles además la reparación del daño y su participación directa en los juicios; primacía del principio de presunción de inocencia en todo el proceso; uso de mecanismos alternativos en la solución de controversias; prestación de servicios de defensoría pública; uso restringido de la prisión preventiva; igualdad de condiciones entre las partes para argumentar y presentar pruebas; y presencia directa de los jueces en todas las audiencias, entre otras determinaciones establecidas en la reforma.
Somos los jueces los que le damos un sentido real a la reforma de seguridad y justicia.
En este contexto, uno de los principales logros en relación al funcionamiento del nuevo sistema fueron los avances en materia de productividad y un aumento en la protección de derechos individuales de los imputados y tratamientos de las víctimas.
[1] Ídem
